El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, expuso una serie de contratos por más de 700 millones de dólares que fueron autorizados por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Entre los contratos expuestos, destaca el nombre de Sonia Vargas, quien actualmente ocupa un cargo en la administración del Consejo de la Judicatura Federal, quien fue responsable por un contrato por 71 millones 600 mil dólares durante su tiempo como directora general de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura.
Otro funcionario involucrado es Facundo Rosas, ex comisionado general de la Policía Federal, con un contrato de 25 millones 875 mil y Luis Cárdenas Palomino, mientras se desempeñó como titular de la División de Seguridad Regional, con uno de 2 millones 500 mil dólares.
Asimismo, se encuentran Rodrigo Esparza, con uno de 69 millones 100 mil; Humberto Martínez, con uno de 37 millones 875 mil; Rafael Avilez, exjefe de la División de Fuerzas Federales, con uno 2 millones 500 mil.
Además, se mencionó al exdirector de la Dirección de Control de Sentenciados en Libertad del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Eduardo Enrique Gómez, con uno de 56 millones 121 mil dólares y otro de 88 millones; y al exdirector del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Eugenio Ímaz Gispert, por uno de 253 millones 51 mil dólares.
Igualmente estuvieron involucrados Octavio Medina Estrada, Raúl Mata Soria, María Dolores Rojas Soto y Enrique Salinas Romero, de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México, por un contrato de 26 millones 666 mil pesos.
“Ningún contrato cubrió con los señalamientos legales en relación con hacer investigación federal inexplicablemente”, apuntó Gómez.
Discussion about this post