El Presidente desafía a la SCJN y podría violar el marco constitucional
Por el Dr. Julio Jiménez Martínez
Como consecuencia de la resolución de la SCJN que declaró la nulidad del acuerdo del Poder Ejecutivo del año 2021; ya que el polémico decreto vulneraba el derecho de acceso a la información pública; sin embargo, el titular del Poder Ejecutivo Federal en una actitud totalmente desafiante y autoritaria, ordenó la publicación en el Diario Oficial de la Federación de un nuevo decreto en el que se contempla proteger como “Seguridad Nacional” las obras faraónicas o negocios personales de AMLO como el Corredor Interoceánico, los aeropuertos de Chetumal, Tulum y Palenque, bajo la figura jurídica de proyectos de interés público.
Razón por la cual, ahora serán considerados de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo”.
Con este nuevo arrebato presidencial, López Obrador pretende ser más específico de lo que fue en el de 2021; ya que con este nuevo “Decretazo” protegerá información sensible de sus cinco grandes negocios personales que pretende concluir bajo un manto de opacidad y corrupción que han caracterizado a su pésima administración.
De acuerdo con este nuevo decreto de origen inconstitucional, se pretende justificar la necesidad de ser considerados como de seguridad nacional los proyectos del Tren Maya por ser el proyecto de infraestructura más importante del Gobierno, los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum “por su ubicación geográfica” clave “para la vigilancia y control del espacio aéreo en la frontera sur” y el Corredor Interoceánico, del Istmo de Tehuantepec, porque permite comunicar el océano Pacífico con el golfo de México y el Atlántico.
Es de vital importancia mencionar que la nueva maniobra gubernamental es inconstitucional, porque su amplitud y su ambigüedad obstaculizan e inhiben el derecho constitucional de acceso a la información pública, al que toda la ciudadanía tiene derecho de conocer respecto de todos los proyectos relacionados con el sector “aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiental, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos y aeropuertos” y aquellas obras del Gobierno de México”.
De acuerdo con los argumentos del ministro ponente del proyecto Juan Luis González Alcántara Carrancá, “el acuerdo es de tal grado impreciso respecto a las implicaciones del derecho de acceso a la información pública y transparencia, que da un margen demasiado amplio a las autoridades para reservar la información sensible, además de que en la declaratoria no se hace respecto de una lista taxativa de los proyectos u obras” del gobierno de la 4T.
En conclusión la SCJN ha dado la razón al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), que fue la institución que impugnó el decreto en diciembre de 2021, cabe mencionar que en las actuales circunstancias el organismo constitucional autónomo, no puede impugnar el nuevo decretazo; ya que se encuentra paralizado desde abril por los Senadores de Morena que han bloqueado los nuevos nombramientos, como parte de la estrategia del Gobierno de AMLO en contra del INAI, al que han acusado de ser un gasto innecesario. Así, el pleno no sesiona desde hace casi dos meses, porque no tiene el quórum necesario; ya que se requiere el nombramiento de cuando menos uno de los tres comisionados que faltan en el pleno del INAI.
Vale la pena mencionar que el Consejo Consultivo del INAI, no puede presentar una acción de inconstitucionalidad como la que se necesita para impugnar este nuevo acuerdo del Poder Ejecutivo
Esta nueva estrategia jurídica del gobierno de López Obrador en contra de la Suprema Corte de Justicia es una abierta declaratoria de guerra, no solo en contra del Poder Judicial de la Federación; si no también en contra del marco jurídico-constitucional que garantiza la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho humano de acceso a la información pública
Para los mexicanos es muy lamentable que desde el nombramiento de la Ministra Norma Piña como presidenta de la SCJN, las fricciones con el Ejecutivo Federal no han dejado de escalar; ya que han rebasado las fronteras jurídico-institucionales hasta los arrebatos y descalificaciones personales en contra de todos los integrantes del Poder Judicial; ya que en los últimos días, el obcecado mandatario ha denunciado los privilegios de los ministros y ha propuesto que su nombramiento sea resuelto por medio de una improcedente e inconstitucional consulta popular para que el cargo de un auténtico jurista integrante de la SCJN, sea elegido bajo las mismas reglas de un cargo de elección popular.
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