Contrastando Ideas por el Dr. Julio Jiménez Martínez
Incertidumbre se ha vivido en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto ante la controversial Ley de la Industria Eléctrica, la cual a todas luces es considerada inconstitucional, pero los ministros se han pronunciado de forma contraria.
El proyecto bajo el cual se consideran constitucionales las reformas realizadas a esta ley en el año 2021 fue elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien contó con el respaldo de Jazmín Esquivel, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, e incluso el propio Ministro Presidente, Arturo Zaldívar, quien se ha visto inmerso en la controversia debido a decisiones que parecen someterse a la voluntad del Ejecutivo.
La gran mayoría de los ministros han demostrado que sostienen una postura en la que consideran las reformas realizadas en 2021 son violatorias de la Constitución, sin embargo, las votaciones quedan solamente en una mayoría simple, condición que impide combatir genuinamente tan flagrantes violaciones.
La votación
Sin lugar a dudas, la votación fue una de las partes más controversiales de todo este proceso, pues solamente refirió a la acción de inconstitucionalidad promovida por un grupo del Senado de la República, dejando en el limbo la controversia constitucional interpuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica desde abril de2021 ni tampoco la controversia interpuesta por el gobierno de Colima.
Y, por si fuera poco, no atendió los más de 200 amparos presentados por particulares que se verán severamente afectados si la reforma llegaré a ocurrir.
Otro aspecto controversial fue el hecho de que hubiera varias votaciones por cada ámbito, lo cual no ayudo a alcanzar la cifra de mayoría absoluta requerida para una genuina inconstitucionalidad.
En caso de haber sido una sola votación, es altamente probable se alcanzará la declaración de inconstitucionalidad son mayor problema, dado que los ministros Gutiérrez Ortiz Mena y González Alcántara cuentan con razones para oponerse a ellas dadas sus trayectorias, en las que se hubieran argumentado temas ambientales y competencia económica como factores determinantes.
Sin embargo, la realidad no fue así, y todos los artículos analizados gozan de plena constitucionalidad actualmente.
Los artículos
Con la votación, el Pleno de la Corte avaló la constitucionalidad de los artículos 3, fracción XII con 6 votos; 3 fracción XII Bis con 6 votos; artículo 3 fracción XIV con 6 votos; artículo 4 fracción I con 8 votos; artículo 35 con 10 votos; artículo 108 fracción V con 9 votos de la Ley de Industria Eléctrica.
Dentro de estos artículos se le otorga a la Comisión Federal de Electricidad una prioridad en varios campos de la producción eléctrica nacional.
En primer lugar, con la constitucionalidad de estos artículos, se mantiene vigente el mecanismo para el despacho de energía de las centrales eléctricas que opera actualmente, por lo que el Centro Nacional de Control de Energía le dará prioridad a todas las plantas con las que cuente la CFE.
Asimismo, todas las centrales hidroeléctricas, de energía eólica, solar y de ciclo continuado, perderán su relevancia, toda vez que “al estimarse no bastan para satisfacer la demanda de electricidad del país, las plantas de la CFE seguirán recibiendo los privilegios”.
Por otra parte, se declaró la inconstitucionalidad de los artículos 3 fracción V; artículo 4 fracción VI; artículo 26; artículo 53 y el artículo 101 y artículo 108 fracción VI de la LIE, pero al no alcanzar la mayoría calificada continuarán vigentes.
Con ello, se vuelve a colocar en entredicho el poder de la Ley ante un sistema que cada vez se asemeja más a un autoritarismo, donde la palabra del Ejecutivo es ley y el derecho pasa a ser solo un instrumento para que esta se manifieste, aunque sea en menoscabo de la población.
Las consecuencias
Las tarifas de electricidad incrementarán 17 por ciento para los hogares y subirán 150 por ciento para las empresas si la reforma eléctrica es aprobada tal como fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, criticó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Además, “la reforma dañará las finanzas públicas, atenta contra la sustentabilidad ambiental y contraviene acuerdos internacionales”, expuso la Coparmex en una carta enviada al Congreso de la Unión.
En la carta, con el respaldo de los Centros Empresariales que en 101 ciudades del país aglutinan a más de 36 mil empresarios, el sindicato patronal reiteró su llamado a los legisladores para que eviten aprobar una reforma “sin consenso y sin haber atendido los comentarios a los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución vertidos en más de 150 horas en el Parlamento Abierto”
Su aprobación significa el incremento de por lo menos el 17 por ciento para las tarifas domésticas y de por lo menos 150 por ciento para las empresas; tendría lugar la destrucción del mercado eléctrico nacional y la afectación a la cadena de valor del sector energético con la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), y al invertir el despacho eléctrico privilegiando a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de las más limpias y baratas.
Se cancelarían todos los contratos entre privados o entre privados y CFE y en la práctica, se crea un monopolio, al desplazar al sector privado en beneficio único de la empresa estatal.
“Un elemento particularmente pernicioso y que atenta contra la sustentabilidad ambiental es que se interrumpiría la transición energética y pondría en riesgo de cumplimiento los tratados internacionales firmados por México, incluido el Acuerdo de París y el T-MEC”, destaca la Coparmex.
Todos los argumentos del sector privado fueron expuestos en el ejercicio del Parlamento Abierto en donde los empresarios, expertos y analistas, plantearon los impactos de corto y largo plazo de la reforma eléctrica propuesta por el presidente, además de subrayar la importancia de respetar el Estado de Derecho, que la inversión de la iniciativa privada complemente la inversión pública, que se creen o modifiquen leyes secundarias necesarias para todos los participantes y que se privilegie la competencia equitativa.
Una victoria más para López Obrador
Luego de esta resolución, en un estilo ya muy característico, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió ante los reflectores públicos durante su tradicional conferencia matutina para dar cuenta de una nueva victoria bajo su cinturón.
Nuevamente, su gobierno “había triunfado en contra de las empresas explotadoras del mexicano común”, y anunciaba que “era solo cuestión de tiempo para que los hogares recibieran tarifas más bajas, libres de los abusos del neoliberalismo”.
Y como en toda narrativa de la 4T, la única verdad que importa es la que crea el electorado, lo demás se resume en “discursos y mentiras que defienden los neoliberales”, versión fácil de contar pues se puede resumir en una batalla de buenos y malos, libres de las escalas grises y tecnicismos que arruinarían su discurso.
Y, por si no bastara, también se las ingenió para colocar al pueblo en poca de los pocos ministros que obraron en acorde al Derecho, mancillando uno de los principios fundamentales de tan noble rama del conocimiento en una sencilla declaración.
“Que no me vengan a mí con que la ley es la ley, que no vengan con ese cuento de que la ley es la ley. No, lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales, empresariales”.
Con estas sencillas frases, toda oposición que llegaré a presentar la SCJN será repudiada por la imagen pública, y cualquier decisión que tome el presidente en torno a ellos será aplaudida aún más.
No lo han votado, pero ya lo están cabildeando y negociando con las viejas prácticas(sobres con información delicada, denuncias penales por diversos delitos, órdenes a la UIF para investigar y solicitar el aseguramiento de cuentas, investigación del SAT con órdenes para la práctica de facultades de comprobación de 10 años a la fecha, determinación de créditos fiscales con un procedimiento administrativo sumario y arbitrario que puede poner en estado de indefensión los intereses corporativos, familiares y patrimoniales de 73 legisladores de oposición , solo requieren 56 votos , ya te imaginarás .
Pero en realidad a MORENA no le preocupa la votación porque en la SCJN determinaron una votación dividida de 7 a 4 y con ese número ya no se aprobó la declaración de inconstitucionalidad.
Sin embargo, continúan su proceso las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Senado y la Comisión de Competencia Económica, las controversias constitucionales y los amparos promovidos por más de 200 empresas que tienen inversiones millonarias, que cumplen con estándares medioambientales y compromisos internacionales previstos en el T-MEC.
Sin lugar a dudas es un tema muy amplio y delicado para la economía nacional, el sector empresarial, las relaciones internacionales de carácter comercial, los indicadores internacionales de confianza para inversión productiva internacional, para el presupuesto de egresos federal (pago de indemnizaciones a empresas por la terminación anticipada y rescisión de contratos) el alto costo de generación eléctrica a costa del bolsillo del pueblo bueno y sabio y los preocupantes niveles de contaminación y violación a los acuerdos y tratados internacionales en materia medioambiental de los que México es parte, pero después de todo este drama, representa el principio de un gobierno autoritario que bajo el interés comercial de sus compromisos personales o venganza institucional que se traduce en una reforma (imposición) constitucional de un resentido social que hoy vive el sueño mexicano en su Palacio Nacional y ocupa el cargo de titular del Poder Ejecutivo Federal, está despedazando al país.
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