La enmienda fue aprobada por el Parlamento de Grecia con una amplia mayoría (262 de 300 diputados), ya que a favor votaron todos los partidos del Parlamento, excepto las tres formaciones de ultraderecha (Espartanos, Solución Griega y Niki).
No obstante, en contra votó también el ex primer ministro y diputado de la gobernante Nueva Democracia (ND), Antonis Samarás, quien señaló que la legislación convierte a Grecia “en un faro para atraer inmigrantes ilegales”.
La legislación prevé que, a partir de ahora, para trabajar de forma legal en Grecia será suficiente haber residido en el país al menos tres años, en lugar de siete, no haber cometido ningún delito penal y presentar una oferta de trabajo. Según la prensa local, faltan unos 70.000 trabajadores en los cultivos de frutas, hortalizas y olivos, así como en la ganadería, mientras que también hay miles de puestos de trabajo vacantes en los sectores del turismo y la construcción.
El ministro de Migración, Dimitris Keridis, señaló durante el debate de la enmienda que Grecia tiene un problema “de reducción de la fuerza laboral” y que esta legislación es “imprescindible” para que no se ralentice el desarrollo de la economía.
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