El gobierno de Florida anunció la entrada en vigor de la Ley SB 1718 de inmigración, la cual fue impulsada por el gobernador Ron DeSantis. Bajo esta ley, se persigue a los inmigrantes indocumentados y obliga a denunciar a los empresarios.
De acuerdo con el texto de la ley, todos los empresarios con más de 25 empleados tienen la obligación de comprobar su estatus migratorio mediante una base de datos federal conocida como E-Verify.
Los empresarios que no cumplan la ley se enfrentan a multas de 1,000 dólares al día hasta que demuestren que sus trabajadores tienen los documentos requeridos. Amenaza además con retirar de por vida las licencias de funcionamiento a las empresas que reincidan en la contratación de indocumentados.
Asimismo, se establece una pena de 15 años de prisión para los individuos que con pleno conocimiento oculten, alberguen, transporten o protejan a personas que entraron de forma ilegal a Estados Unidos, sin importar si fue por turismo, reuniones de negocios, amigos y hasta familiares.
Aunado a ello, es posible dar cinco años de prisión y multas de 5,000 dólares si la persona indocumentada es mayor de edad y 15 años de cárcel y multas de 10,000 dólares si es menor de edad.
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