Con ocho votos a favor y los votos en contra de Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó declarar la invalidez del decreto presidencial bajo el cual se ordenaba reservar toda la información de las “megaobras” bajo la premisa de ser “temas de seguridad nacional”.
Durante la sesión de este jueves, determinó que el acuerdo publicado el 22 de noviembre del 2021 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) afecta al derecho a la información e interfiere en las facultades de actuación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Cabe resaltar que la controversia constitucional 217/2021 fue promovida por el INAI, bajo el argumento que “se vulnera el derecho de acceso a la información pública y máxima publicidad”.
“Claro que afecta el sistema, claro que afecta la facultad reglamentaria del órgano (INAI) y a sus facultades, que mediante un acuerdo se instruya de manera obligatoria a todas las secretarías a que todo eso en lo que no he mencionado, el objeto tiene que ser forzosamente la reserva, forzosamente porque están obligados por el decreto y si el decreto me dijo resérvalo, pues lo que voy hacer es catalogarlo como de seguridad nacional”, indicó el ministro Javier Laynez Potisek.
El proyecto del ministro González Alcántara Carrancá obtuvo el apoyo de ocho ministros, quienes estimaron “había una genuina afectación al derecho de acceso a la información al reservar de forma anticipada y generalizada la información referente a los megaproyectos”.
Por su parte, las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz votaron en contra al considerar “no hubo una reserva previa de la información y que se tiene que justificar la clasificación de esta”.
Además, expresaron que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) carecía de legitimación para interponer la controversia, ya que el decreto “no afecta” la estructura ni las facultades del organismo.
En este mismo sentido, el ministro Zaldívar defendió el “decretazo” bajo el argumento de que “el Ejecutivo manifestó que la intención del acuerdo no fue reservar información, sino resaltar la importancia de dichas obras”.
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