La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las funciones operativas y administrativas de la Guardia Nacional que se habían transferido a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sean regresadas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de forma gradual.
Por ello, concedió a ambas dependencias un plazo de 8 meses para cumplir con ello, siendo el primero de enero la fecha límite para que la GN sea adscrita a la Secretaría de Seguridad y así cumpla con el fallo de la SCJN.
Ante las dudas surgidas en la sesión pasada sobre el futuro inmediato de la Guardia Nacional, el ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá, propuso postergar los efectos de la sentencia hasta el 1 de enero del 2024, es decir, hasta que concluya el actual año fiscal, con el objeto de que la transferencia de recursos y facultades administrativas se realice de forma escalonada y gradual.
“De tal suerte, que en ese plazo, las dependencias involucradas contarán con el tiempo necesario para realizar gradualmente el reajuste en el control administrativo, presupuestal y operativo de la Guardia Nacional que por mandato del artículo 21 constitucional corresponde a la secretaría del ramo de Seguridad Pública”, explicó.
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